Macri pidió la renuncia de dos Ministros: Aranguren y Cabrera ya no están en el Gabinete

Javier Iguacel va a Energía en lugar de Juan José Aranguren y Dante Sica a Producción en reemplazo de Francisco Cabrera

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En el medio de la corrida cambiaria y la tensión política, el gobierno informó este sábado que dispuso cambios en el Gabinete con los desplazamientos de los ministros de Producción y Energía, Francisco Cabrera y Juan José Aranguren. Según la Presidencia, el contador Dante Sica asumirá como ministro de Producción y Javier Iguacel como ministro de Energía. Además esta semana que termina, Federico Sturzenegger renunció y Luis Caputo es el nuevo presidente del Banco Central.

Vale destacar que, el Presidente dispuso que la Secretaría de Minería pasará a depender del Ministerio de Producción.

En ese marco, el Gobierno indicó que Cabrera será designado como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Presidente Mauricio Macri.

La decisión se conoció esta noche al final de una semana en la que el presidente Macri dispuso que la cartera de Finanzas sea absorbida por Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, y además designó como presidente del Banco Central a Luis Caputo, en lugar de Federico Sturzenegger.

En este sentido, los cambios en el Gabinete suponen, a priori, un fortalecimiento de la posición de Dujovne, como cabeza del equipo económico de la administración macrista, en momentos en los que la Argentina acaba de sellar un acuerdo “stand-by” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 50.000 millones de dólares en un lapso de tres años.

El Gobierno suscribió este convenio con el FMI en busca de calmar las aguas turbulentas del mercado cambiario doméstico, donde el dólar subió 50,2% en lo que va del año e incluso rozó los 29 pesos por unidad para la venta en la “city” porteña el viernes pasado, incluso después de la salida de Sturzenegger.

La figura de Aranguren, en especial, se había desgastado en los últimos meses después de los sistemáticos aumentos en las tarifas de los servicios públicos autorizados por el Gobierno, impulsados en el marco de un plan más amplio y ambicioso a los efectos de acelerar el proceso de reducción del déficit fiscal, tras un pedido expreso al respecto del FMI.

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