En una reciente entrevista con Juan Amorín en el programa Minuto 1 (C5N), Walter Martello, exinterventor del ENRE y actual defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, analizó la crisis energética que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires. Martello fue tajante: los cortes de luz en el AMBA no se deben a factores climáticos, sino a una deliberada falta de inversión y un Estado que ha dejado de controlar.
Según explicó, la gravedad del escenario se profundiza porque las empresas recibieron una recomposición tarifaria muy significativa que debía traducirse en inversiones obligatorias. “Una recomposición tarifaria muy fuerte obligatoriamente los inducía a realizar las inversiones que venían demorando”, afirmó, pero advirtió que eso no ocurrió. En ese sentido, sostuvo que la distribución eléctrica en el AMBA dejó de ser un negocio vinculado al servicio público para convertirse en un negocio financiero. “La distribución de la energía se ha transformado en un negocio financiero, con una fuerte recomposición de la caja de las empresas y sin ningún tipo de inversión”, afirmó.
Ante la consulta directa de Amorín sobre si el problema podría solucionarse con inversión, Martello respondió sin rodeos: “Absolutamente”. Y descartó que se trate de procesos que requieran décadas para mostrar resultados, al tiempo que alertó sobre decisiones regulatorias recientes que, a su juicio, favorecen a las empresas. Como ejemplo, explicó que “las multas hoy se calculan solo sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el 50% de la tarifa”, lo que implica sanciones “un 50% menores a las que eran durante nuestra administración”.
Consultado sobre si sirve reclamar ante el ENRE, Martello fue enfático. “Sí, sirve”, respondió, incluso cuando los reclamos son rechazados o la compensación económica resulta insuficiente. Explicó que los reclamos individuales cumplen un rol central porque “una de las causales de rescisión de los contratos de concesión es llegar al 10% del valor anual de la caja en multas”. En ese sentido, sostuvo que “si todo el mundo reclama y exige, en algún momento se puede llegar a esa causal, sobre todo en el área de concesión de Edesur”.
Martello recordó además que el ENRE publica informes semestrales de calidad del servicio donde se detallan “las zonas más afectadas, el tiempo de demora en la restitución del servicio, la cantidad de reclamos y las multas aplicadas”, y remarcó que todos esos datos “terminan constituyendo las causales para evaluar la rescisión de un contrato al que todavía le quedan 60 años”.
El panel también le consultó por la situación argentina con respecto a otros países de la región y Martello descartó que los cortes masivos sean inevitables frente a altas temperaturas. “En Río el año pasado hubo diez días de más de 40 grados y no pasó absolutamente nada”, apuntó, y agregó que en ciudades como San Pablo “no vas a ver casi nunca un apagón de esta característica”. Para el exinterventor del ENRE, la diferencia central está en la presencia del Estado. “La diferencia es dónde está parado el Estado”, afirmó, y recordó que durante su gestión denunció penalmente a las empresas por abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos.
En relación con Edesur, reveló que a fines de 2023 la empresa había manifestado su intención de retirarse de América Latina, pero que tras el cambio de gobierno se consolidó un escenario favorable para las compañías. “Buenos tiempos para las empresas no se relaciona directamente con buenos tiempos para los usuarios”, advirtió.
Ante la pregunta sobre qué faltó durante el gobierno anterior para resolver definitivamente el problema, Martello explicó que se llegó a realizar una auditoría técnica integral que documentaba irregularidades y habilitaba la rescisión del contrato. “Logramos terminar la auditoría, elevarla al Congreso y al Poder Ejecutivo”, sostuvo, pero reconoció que los tiempos políticos y el cambio de orientación interrumpieron ese proceso, pese a que se trabajó para evitar litigios en el CIADI.
Sobre el modelo de concesión, cuestionó la extensión de los contratos y advirtió sobre la actual fusión de los entes reguladores. “Lo que se va construyendo es un escenario donde los controles van a ser cada vez más inexistentes”, señaló, y denunció que los candidatos al nuevo ente unificado provienen de las propias empresas reguladas.
Finalmente, ante la consulta de Ari Lijalad sobre qué debería hacer un Estado responsable, Martello sostuvo que la revocación de las concesiones es posible. “Se revoca con un decreto del Poder Ejecutivo basado en las irregularidades detectadas”, explicó. Propuso un esquema mixto, con participación estatal, y afirmó que “no es tan difícil: lo que hace falta es mucha voluntad política”.
La entrevista dejó un diagnóstico contundente: los cortes de energía no son inevitables ni consecuencia exclusiva del clima, sino el resultado de decisiones políticas, falta de control estatal y un modelo que prioriza la rentabilidad empresarial por sobre la calidad del servicio.
